¿Qué pasó en Colombia después del Frente Nacional?

El último presidente del Frente Nacional fue el conservador Misael Pastrana, quien se enfrentó en las elecciones de 1970 contra Gustavo Rojas Pinilla, venciéndolo en circunstancias que hicieron pensar a la población que se había cometido fraude electoral. En respuesta a esto, se formó el grupo guerrillero M-19. Terminado el mandato de Pastrana, asumió la presidencia el liberal Alfonso López Michelsen, y poco después comenzó la Bonanza marimbera, un periodo comprendido entre 1975 y 1985 cuando entraron millones de dólares a las arcas nacionales gracias al tráfico de marihuana en la Costa Caribe. Todo este dinero pudo ser legalizado mediante la Ventanilla Siniestra del Banco de la República. Este capital ilícito se sumó al dinero generado por la exportación de café, con lo cual el país vivió un incremento extraordinario de sus recursos económicos, sufriendo una inflación que golpeó fuertemente a la clase obrera.

Viéndose cada vez más pobres, las centrales obreras convocaron un paro cívico nacional en septiembre de 1977 que tuvo fuertes repercusiones para el país. En medio de este contexto, resultó electo Julio César Turbay en 1978. Este implementó el Estatuto de Seguridad para hacerle frente a los grupos delincuenciales asociados al narcotráfico y al M-19, pero resultaron poco provechosos. Por el contrario, el M-19 se erigió como una de las guerrillas más fuertes del país, cometiendo grandes operativos como el robo de armas del Cantón Norte y la toma de la Embajada de la República Dominicana. Mientras tanto, se conformaron los carteles de Medellín y de Cali, erigiéndose como las organizaciones delincuenciales más poderosas del país y de Latinoamérica debido a la producción y tráfico de cocaína. Estas organizaciones más tarde conformaron el grupo paramilitar MAS (Muerte a Secuestradores), con el cual entraron en guerra con el M-19 con el propósito de vengarse por el secuestro de Martha Nieves Ochoa.

A partir de entonces, los episodios de violencia se multiplicaron por todo el país, principalmente en Bogotá, Cali, Medellín y el campo. En 1982, el presidente conservador Belisario Betancur consiguió un acuerdo de paz con parte de las FARC-EP y parte del M-19, dándoles la oportunidad de participar en la vida política si abandonaban las armas. Así nació el partido Unión Patriótica, cuyos miembros fueron exterminados selectivamente en circunstancias que no están del todo claras, pero que involucrarían al MAS, a los carteles y a las mismas autoridades del gobierno. Para aquel entonces, la influencia del líder del Cartel de Medellín, Pablo Escobar, logró permear a los políticos de la época. Y por ello resultó elegido como senador de la República, aunque después perdió su escaño por las denuncias que se hicieron sobre sus relaciones con el narcotráfico.

Después de que los narcotraficantes asesinaran al Ministro de Justicia Lara Bonilla por apoyar la política de extradición, Belisario Betancourt inició la guerra frontal del Estado contra los carteles y aprobó la ley de extradición. De esta forma, la violencia se recrudeció todavía más y las guerrillas consiguieron más poder del que tenían. En este contexto, el M-19 se tomó el Palacio de Justicia el 6 de noviembre de 1985, que desencadenaría en el asesinato de 11 magistrados, 31 trabajadores, 13 miembros de la fuerza pública, 42 guerrilleros, 5 transeúntes y la desaparición de varios trabajadores del recinto por parte de la fuerza pública. Varios intentos de negociación con los distintos grupos armados fracasaron hasta que en 1990 el M-19 entregó las armas como parte de su pacto por la conformación de una Constitución, la Constitución de 1991. Esta Carta Magna trajo al país múltiples cambios, como el reconocimiento de mayores derechos a las poblaciones afro e indígenas, la libertad de culto, el estado laico, la centralización del Banco de la República, la creación de la Corte Constitucional, la prohibición de los Estados de sitio, la creación de la Fiscalía General y una mayor autonomía para las regiones.

Tras la construcción y la aprobación de la Constitución, se aumentaron los esfuerzos por la lucha contra el narcotráfico, recibiendo ayuda estratégica y económica de Estados Unidos, y la fuerza pública consiguió asesinar a Pablo Escobar y detener a varios cabecillas de los carteles de Cali y Medellín. Aun así, estos siguieron operando y ayudaron a conformar grupos paramilitares para enfrentar a la guerrilla en el campo. Así, la violencia dejó de ocurrir en las grandes urbes y se concentró en las zonas rurales, donde el enfrentamiento entre paramilitares y guerrilleros dejó miles de muertos y millones de desplazados en todo el país. Esta situación cesó tras la desmovilización de las AUC entre el 2003 y el 2006; y tras el Acuerdo de Paz con las FARC-EP y el gobierno colombiano en 2016. Desde la década de 1990, el país introdujo políticas neoliberales y ha tenido un crecimiento económico sostenido, aunque todavía siguen ocurriendo conflictos internos entre la fuerza pública, los narcotraficantes, las disidencias de las FARC, las guerrillas que nunca acordaron la paz y las BACRIM, grupos criminales que surgieron de las estructuras paramilitares.